La precariedad laboral y su incidencia en las politicas sociales de la V republica: Una mirada especial a las misiones.

Los efectos resultantes de esta flexibilización y
su vinculación con el mercado laboral, nos llevan a
reflexionar sobre el concepto de precariedad laboral que
en los últimos años ha cobrado gran interés en oposición
al de “empleo típico” caracterizado por aquel a medio
tiempo o completo, tiempo determinado o indeterminado
para uno o varios patronos, protegidos por la legislación
laboral y seguridad social. En efecto son precarios,
aquellos empleos que no cumplan con estas características
o en los cuales se produce ausencia o evidente desmejora
de las relaciones laborales donde se sustentan.
Esto trae como consecuencia la exclusión
sociolaboral, que ha sido objeto de numerosos estudios
y en algunos países se han puesto en marcha reformas
profundas en materia laboral para lograr su regulación
contractual e incorporación a los sistemas asegurativos;
como también le han dado un giro casi total a sus
políticas gubernamentales para satisfacer las demandas
sociales de esta población desocupada.
En el caso venezolano, la política social que
caracterizó los gobiernos de los ’80 y ’90 tenían una
visión focalizada en programas sociales tendientes a
paliar los efectos socio económico de los programa de
ajuste estructural, duramente criticado por el actual
gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Fría, quien
se ha avocado al desarrollo de programas sociales de
actuación contra la pobreza y de inclusión de sectores
populares al mercado laboral.
Con las llamadas misiones, igualmente objetada
por los opositores y calificada de clientelar,
asistencialista y populista, el gobierno emprendió un
nuevo reto en la política social, incorporar a la
población excluida a los sectores productivos de la
sociedad, sobre todo de aquellos que no han tenido
acceso a la educación media y universitaria por razones
como aislamiento geográfico y bajos recursos
económicos, entre otros, basados en una filosofía
universal y de inversión social.
Sin embargo, aún están por evaluarse los resultados
de estas misiones y sobre todo medir su impacto para
contrarrestar el desempleo, la desocupación, y los cada
vez mayores empleos informales cuyas condiciones de
trabajo se califican precarias y carentes de protección
social. En innegable que las misiones cumplen una
función social de inclusión pero no garantizan las
mejoras de las condiciones laborales de los venezolanos.
Muestra de ello, es la carencia de un programa de
protección social que le garanticen los beneficios de una
seguridad social y una estabilidad en el puesto de trabajo,
aunado a un precario salario para las personas que
laboran como instructores en los diferentes programas
sociales, que no son ni siquiera equiparables a los
salarios mínimos, ni satisfacen los requerimientos de la
cesta básica y a la particular atención como subsidio
directo por parte del gobierno nacional a los trabajadores
misioneros, lo cual permite concluir que existen
evidentes notas de precariedad laboral en la labor
ejecutada por los facilitadores y voluntarios de cada una
de las misiones y que las mismas se constituyen en un
gran programa de adoctrinamiento social basado en un
“ideario bolivariano”, el cual esté plenamente
identificado con el proceso de cambio que se desarrolla
en el país como parte del plan político que lidera el
gobierno nacional.